Nieto plantea un filtro anticorrupción más duro
El exjefe de la UIF propone ampliar los requisitos para candidatos en Querétaro; el gobernador Kuri impulsa un modelo distinto, incluido el polígrafo.
Querétaro se ha convertido en el escenario de un nuevo pulso político sobre cómo blindar las candidaturas a cargos de elección popular frente a la corrupción. El exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual coordinador de Morena en la entidad, Santiago Nieto Castillo, presentó una propuesta a la que llamó «8 de 8 Plus», con la que busca endurecer los filtros que hoy exige el Instituto Nacional Electoral (INE) a quienes aspiran a un cargo público.
La iniciativa surge como contrapunto a un planteamiento del gobernador Mauricio Kuri, de extracción panista, quien ha promovido un esquema de verificación conocido como «6 de 6», que incluiría la aplicación de pruebas poligráficas a los aspirantes.
Qué exige hoy el INE
De acuerdo con la normativa electoral vigente, los candidatos ya deben presentar seis declaraciones: patrimonial, fiscal, de intereses, de no contar con antecedentes penales, antidoping y de no ser deudor alimentario. Ese es el punto de partida que, según Nieto, el gobernador queretano estaría presentando como una propuesta novedosa cuando en realidad ya forma parte de la ley.
Respecto al uso del polígrafo, Nieto sostuvo que la medida carecería de sustento jurídico, en línea con criterios previos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha cuestionado la validez de este tipo de pruebas para restringir derechos político-electorales por considerarlas poco confiables y potencialmente violatorias de garantías individuales.
Los dos candados adicionales
El planteamiento de Nieto suma dos requisitos a los seis ya existentes:
Investigación sobre presuntos vínculos inmobiliarios. Propone que se indague si un aspirante participó, de forma directa o indirecta, en despojos de predios, cambios irregulares de uso de suelo, permisos otorgados de manera discrecional o tráfico de influencias vinculado a desarrollos inmobiliarios. Nieto se refirió a estas prácticas como parte de redes que, según él, operarían en distintas entidades del país, entre ellas Querétaro, la Ciudad de México y Guerrero, aunque no presentó en su mensaje evidencia documental específica que sustente esas acusaciones.
Revisión de concesiones relacionadas con el agua. El segundo candado propone auditar contratos, concesiones e infraestructura hídrica para detectar posibles casos de lucro indebido, bajo el argumento de que el acceso al agua debe entenderse como un derecho humano y no como un negocio privado.
El «plus»: seguir la ruta del dinero
El elemento que distingue a la propuesta, según su autor, es la instrucción de rastrear no solo el patrimonio del candidato, sino también el de prestanombres, empresas fachada y familiares en primer grado. Nieto argumentó que buena parte de los activos irregulares no se registran a nombre del funcionario, sino de cónyuges, hijos u otros parientes cercanos, por lo que limitar la revisión a la persona candidata dejaría fuera una parte relevante del patrimonio en disputa.
Para ejecutar ese rastreo, el exfuncionario planteó la participación coordinada de la UIF, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
«Quien quiera gobernar Querétaro debe estar dispuesto a transparentarse», habría señalado Nieto al presentar su propuesta, de acuerdo con el mensaje difundido en redes sociales.
Una propuesta con lectura partidista
Nieto planteó además que el modelo debería replicarse a nivel nacional, y sugirió que estados como Guerrero, Jalisco o Nuevo León —gobernados o con fuerte presencia de Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC)— enfrentarían mayor escrutinio bajo estos criterios. También recordó que el PAN votó en contra de la reforma conocida como «3 de 3» en su momento, lo que a su juicio revelaría resistencia de ese partido a mecanismos de transparencia patrimonial.
Cabe señalar que la propuesta fue presentada por un dirigente identificado con Morena, el partido en el poder, en un contexto de competencia electoral con el PAN en Querétaro, por lo que las acusaciones sobre «redes de corrupción inmobiliaria» o «del agua» corresponden a señalamientos políticos de una de las partes y no a determinaciones de alguna autoridad judicial o electoral. Hasta el momento, el gobierno estatal y el PAN no han respondido públicamente al planteamiento específico de Nieto ni han confirmado los detalles de su propio esquema «6 de 6», incluida la eventual aplicación del polígrafo.
Lo que sigue
El debate sobre los mecanismos de fiscalización a candidatos anticipa lo que podría convertirse en un tema central de cara al proceso electoral en Querétaro. Especialistas en materia electoral han señalado en otros contextos que, si bien ampliar los requisitos de transparencia patrimonial es jurídicamente viable, su implementación efectiva depende de reformas a la legislación electoral local y de la capacidad real de las instituciones —UIF, SAT, CNBV, FGR y CNI— para compartir información y actuar de manera coordinada dentro de los plazos que marcan los procesos comiciales.
